En la primera resolución, encomienda a la máxima autoridad a “iniciar acciones judiciales que resulten procedentes para exigir la efectiva implementación de la ley 27.795 para resguardar los derechos de la Universidad Nacional del Sur y de sus trabajadores”.
Considera además que “tal fundamentación resulta aparente y falaz, en tanto el Poder Ejecutivo gobierna bajo un régimen de presupuesto prorrogado, lo que le otorga amplias facultades para reasignar partidas y disponer de los fondos necesarios para su cumplimiento”.
Según los consejeros, “esta decisión configura, en los hechos, un veto implícito, contrario a la voluntad expresada por más de las dos terceras partes del Congreso de la Nación, y reviste una grave afectación institucional al desconocer la soberanía del Poder Legislativo”, y además “esta postura del Poder Ejecutivo de la Nación altera gravemente la división de poderes que sustenta el sistema republicano de gobierno que asume el art. 1° de la Constitución Nacional, al desconocer las atribuciones del Congreso de la Nación en materia legislativa”
Asimismo “repudia el sistemático desconocimiento del Presidente de la Nación sobre las leyes sancionadas e insistidas por el Congreso” y cierra: “Incumplir con la Constitución pone en peligro el Estado de Derecho”.
El documento:
https://frenteacano.com.ar/wp-content/uploads/2025/10/321.pdf
Fuente: Frente a Cano