La medida apunta a avanzar sobre el contenido de los dispositivos de los jóvenes acusados de matar a patadas al animal durante la madrugada del sábado 7 de junio, luego de salir de un boliche. El hecho fue filmado, compartido en redes sociales y generó una fuerte repercusión pública.
Los celulares habían sido secuestrados durante cuatro allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Alberto Manzini, a pedido de la UFIJ Nº 7, encabezada por la fiscal Marina Lara. Dos procedimientos se realizaron en Bahía Blanca y otros dos en Huanguelén, localidad de la que son oriundos los acusados.
Además, la semana próxima los jóvenes serán indagados por la fiscal Lara, en el marco de la causa que investiga el presunto delito de maltrato animal seguido de muerte.
El expediente busca reconstruir no solo la secuencia del ataque, sino también las circunstancias previas y posteriores a la difusión del video, que derivó en repudios, presentaciones judiciales, sanciones académicas y un fuerte debate político y social en la ciudad.
Por otro lado, la Justicia sigue a la espera de la denuncia formal de los concejales que dijeron haber recibido amenazas tras la discusión pública por el caso. Hasta el momento, según pudo saber este medio, ninguno de ellos se presentó a radicar la denuncia correspondiente.
Esa falta de presentación genera preocupación en ámbitos judiciales, ya que las amenazas habían sido expuestas públicamente y motivaron incluso una actuación de oficio por parte de la Policía. En ese contexto, la formalización de las denuncias resulta clave para poder avanzar con mayor precisión sobre el origen de los mensajes y sus posibles autores.
El episodio de las amenazas se dio después de la fallida discusión en el Concejo Deliberante por el proyecto que buscaba declarar personas no gratas a los involucrados. La iniciativa no prosperó y derivó en un cruce político que trasladó la discusión del maltrato animal al clima de violencia en redes sociales.
La investigación principal continuará ahora con la apertura de los teléfonos y la indagatoria de los acusados, dos medidas que podrían ser determinantes para definir el rumbo procesal del expediente.
Fuente: La Brújula 24