Las iniciativas apuntan al sobreendeudamiento de los hogares y fueron impulsadas por legisladores de distintos bloques, entre ellos Gabriela Estévez, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso, Mónica Macha, Germán Martínez, Pablo Carro y la senadora Juliana Di Tullio. Todas comparten una preocupación central: evitar que la deuda se transforme en una trampa permanente para familias que ya no pueden sostener sus compromisos.
Entre las medidas propuestas aparecen la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. En criollo, se busca abrir una puerta para que los deudores puedan regularizar su situación sin quedar afuera del sistema financiero durante años.
Varios proyectos incorporan el principio de “esfuerzo compartido”, por el cual tanto el deudor como el acreedor deben participar en la reestructuración. Incluso se plantea que un juez pueda ordenar reducciones de capital o intereses si detecta otorgamiento irresponsable de crédito. También se prevén instancias de conciliación obligatoria antes de llegar a la vía judicial.
Otro eje fuerte es la prevención del sobreendeudamiento. Las iniciativas proponen que el pago de deudas no pueda superar el 30% de los ingresos familiares y obligan a bancos, financieras y emisores de tarjetas a evaluar la capacidad real de pago antes de otorgar nuevos préstamos. Además, reclaman información más clara sobre tasas, costos y consecuencias de los atrasos.
El financiamiento de estos mecanismos no prevé el uso de fondos estatales. La idea es que bancos y entidades financieras absorban parte del impacto mediante quitas, condonaciones o reestructuraciones, bajo el argumento de que ya cuentan con previsiones contables para cubrir créditos incobrables.
Las entidades financieras, sin embargo, resisten el avance de nuevas regulaciones y advierten que podrían restringir la oferta de crédito o encarecer los préstamos. El Gobierno, por ahora, mantiene distancia y sostiene que el problema debe ser resuelto por el propio sector. Javier Milei lo resumió en una entrevista televisiva: “Para eso trabajan de bancos”, dijo.
Mientras tanto, el Congreso queda en el centro de una discusión sensible: cómo contener una mora en aumento sin desarmar el sistema de crédito. Detrás de cada expediente hay una realidad concreta: familias con tarjetas al límite, préstamos encadenados y salarios que ya no alcanzan para ponerse al día.
Fuente: Infobae