Finalmente, ante la denuncia pública de la Comisión Gremial Interna (CGI) de los trabajadores del Banco Provincia, el gobierno de María Eugenia Vidal pago los 4.260 millones luego que fracasara un pedido al directorio para reperfilar esa deuda con un nuevo bono a pagar en diciembre de 2020. Se trata del bono serie I, clase II (código BCBA: BPD19).
Los propios trabajadores del BAPRO fueron quienes pusieron el grito en el cielo ante lo que consideraban podría ser el quebranto del grupo. Según habían advertido, el 6 de diciembre era el vencimiento del bono de $4.259.606.000 que el Gobierno bonaerense emitió para “compensar” la transferencia de fondos que le acreditó ANSES al banco y que “la gobernación desvió y malversó para afectarlos a otros fines, de los cuales hasta la fecha no hay paradero”.
En un comunicado exponen la gravedad de la cuestión y hablan de presiones violentas: “Luego de fracasar en el intento de conseguir fondeo para cumplir con el compromiso, la gobernadora presionó violentamente al directorio para que aceptara un canje de los títulos por otro emitido con vencimiento 6 de septiembre de 2020, mediante una carta que el actual ministro de Economía provincial le remitiera a Curutchet”.
Finalmente la plata apareció como si nada hubiera pasada, pero ante la firme negativa del BAPRO del reperfilamiento. “Apareció la plata pese a las constantes presiones de Bonari, Vidal y Lacunza hacia el Directorio del Banco para reperfilar la deuda con la excusa que no había fondeo”, manifiestan desde la CGI en un comunicado.
Según explican los trabajadores del banco, “esto modifica radicalmente la exposición del banco frente al BCRA y al mercado financiero, ya que no solo honraron la deuda de capital, sin que también acreditaron los intereses”, y continúan: “de esta forma, el Banco Provincia suma a su patrimonio, la liquidez de más de 4800 millones de pesos (capital e intereses) y podrá cumplir con el reencuadramiento al que estaba obligado con el Banco Central y las normas NIIF”.
Pese a destacar lo positivo de la noticia, entienden que no se trató de “un milagro”, y lo ven como una victoria gremial luego de la denuncia pública que tuvo amplia repercusión y se expuso a todos los intervinientes en el “acto delictivo” a una nueva denuncia penal.
De cara a la próxima gestión, los trabajadores van en pos de la modificación de la ley 15008 sancionada en 2017 que desfinanció al organismo, elevó la edad jubilatoria de 57 a 65 años y disminuyó el haber jubilatorio.
Fuente: Info Cielo