En el Ministerio de Economía prefieren la cautela y aseguran que no proyectan un déficit a mediano plazo. Se respaldan en la idea de que el crecimiento de la actividad en el sector sustente el costo fiscal de la baja arancelaria. En el Palacio de Hacienda aseguran además que no tienen en carpeta una medida directa para solventarlo. Los analistas creen que tendrá un costo de más de US$1000 millones.
Mientras tanto, en Balcarce 50 avanzan con un plan de reformas administrativas para «achicar lo más posible» las estructuras de organismos que habían sido restituidos tras la caída de los decretos delegados. La lupa está puesta en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), además de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las comisiones de regulación del transporte.
La iniciativa, que muchos atribuyen al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, genera debate interno. En su entorno aclaran que su agenda inmediata pasa por las desregulaciones en el mercado inmobiliario y en ciertos sectores exportadores. Sin embargo, en el oficialismo señalan que «el equipo de Federico está avanzando sobre los cambios posibles para que los organismos no queden como antes de los decretos».
El Gobierno mantiene además bajas expectativas sobre las negociaciones por el Presupuesto 2026, que articulará de forma directa luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La apuesta del Ejecutivo está clara: ganar tiempo hasta el 10 de diciembre, cuando se renueve el Congreso. Con un crecimiento proyectado de bancas para La Libertad Avanza y el posible respaldo de bloques aliados, el Gobierno confía en contar con mayor margen político para impulsar las asignaciones presupuestarias y profundizar los ajustes que hoy avanzan a paso medido.
Fuente: TN